Loreto, diciembre de 2025. El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra cuatro personas investigadas por presuntamente integrar una organización criminal dedicada a realizar descuentos irregulares en las remuneraciones de docentes de la UGEL Contamana, en la región Loreto. El caso ha generado preocupación en el sector educativo debido al impacto económico directo que habría afectado a cientos de maestros.

De acuerdo con el Ministerio Público, la red habría operado entre los años 2022 y 2023, período en el cual se habrían efectuado descuentos sin consentimiento en las planillas de docentes activos y cesantes. Estos montos eran transferidos a cooperativas y empresas privadas, amparados en convenios presuntamente fraudulentos, sin que los docentes beneficiarios tuvieran conocimiento o autorización expresa.

Investigación fiscal y medida judicial

La investigación es conducida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que sostiene que el monto total del perjuicio económico superaría los nueve millones de soles. Como parte del proceso, el juzgado consideró que existían graves y fundados elementos de convicción, así como riesgo de fuga y obstaculización de la investigación, razones por las cuales se dictó la prisión preventiva.

Las personas contra quienes se impuso esta medida son:

• Gisela Correa Meléndez

• Ángelo Vásquez Dávila

• César Noriega Cachique

• Tatiana Zevallos Gonzales

Todos ellos deberán cumplir la medida mientras duren las investigaciones preliminares.

Otros investigados con comparecencia restringida

Asimismo, el Poder Judicial dispuso comparecencia con restricciones para otros dos implicados:

• Éder Yucra García

• Rogelio Flores Rojas

A ellos se les impuso una caución económica de S/ 10 000, además de reglas de conducta durante el mismo plazo de 18 meses.

Operativos y hallazgos

El caso se destapó tras un megaoperativo conjunto entre la Policía Nacional —a través de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor)— y el Ministerio Público, que incluyó allanamientos en Loreto, Ucayali y Lima. Durante estas diligencias se incautaron documentos administrativos, equipos informáticos y dinero en efectivo, los cuales serían claves para sustentar la hipótesis fiscal sobre el funcionamiento de la presunta red.

Impacto en el sector docente

Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los docentes frente a prácticas irregulares dentro de algunas instancias administrativas del sector educación. Organizaciones del magisterio han solicitado que se profundicen las investigaciones y se garantice la restitución de los montos descontados indebidamente, así como sanciones ejemplares para los responsables.

Desde AUGE, reafirmamos la importancia de que los docentes estén informados sobre sus derechos laborales, revisen periódicamente sus boletas de pago y denuncien cualquier irregularidad que afecte su estabilidad económica.