Lima, setiembre de 2025.
El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la separación definitiva de 2,137 personas del sistema educativo nacional, luego de comprobarse su vinculación con delitos graves que ponían en riesgo la seguridad e integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Esta medida responde a la aplicación estricta de las normas vigentes que establecen la inhabilitación automática de quienes tengan antecedentes relacionados con delitos contra la libertad sexual, terrorismo, corrupción de funcionarios, narcotráfico, entre otros actos que afectan la confianza pública y atentan contra la protección de la niñez y juventud.

Garantizar espacios seguros

El ministro de Educación, Morgan Quero, sostuvo que la decisión forma parte de la política de “tolerancia cero” frente a cualquier tipo de delito grave, reforzando el compromiso del sector con la construcción de un entorno escolar seguro, transparente y libre de violencia.

“Cada estudiante tiene derecho a aprender en un espacio protegido. No podemos permitir que personas con antecedentes delictivos ingresen o permanezcan en nuestras instituciones educativas”, señaló.

Coordinación interinstitucional

Para la ejecución de esta depuración, el Minedu trabajó de manera articulada con el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, quienes proporcionaron información clave sobre los antecedentes penales y judiciales de los implicados.

Asimismo, se destacó el uso de herramientas tecnológicas que permiten cruzar información de manera más rápida y confiable, evitando que procesos de contratación o permanencia en el sector sean aprovechados por quienes buscan vulnerar la ley.

Medidas de prevención

El Minedu anunció que continuará fortaleciendo los sistemas de verificación de antecedentes y que en adelante se intensificará la vigilancia en procesos de nombramiento, contratos y designaciones de cargos directivos, con el objetivo de impedir que personas con procesos judiciales o sentencias firmes logren acceder a la carrera pública magisterial.

De igual manera, se reforzarán los protocolos de denuncia y sanción inmediata para cualquier trabajador del sector que incurra en faltas graves o delitos que comprometan la integridad de la comunidad educativa.

Con esta acción, el Ministerio de Educación busca enviar un mensaje claro a la ciudadanía: no se permitirá que la educación sea vulnerada por la delincuencia ni por personas que representen un peligro para los estudiantes.

“El futuro del país está en manos de nuestros niños y jóvenes. Nuestra obligación es cuidarlos y garantizarles un presente seguro, en el que puedan crecer, aprender y desarrollarse plenamente”, enfatizó el ministro Quero.