El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, expresó su preocupación frente a las recientes leyes aprobadas por el Congreso que otorgan mayores beneficios a trabajadores CAS y elevan la pensión de docentes jubilados hasta S/ 3,500 mensuales, señalando que lo más recomendable sería que el Ejecutivo las observe.

Durante la presentación del Reporte de Inflación, Velarde fue enfático al advertir que ambas medidas implican un fuerte impacto en las finanzas públicas y podrían debilitar la estabilidad económica del país.

Leyes aprobadas generan presión fiscal

El Congreso aprobó recientemente dos iniciativas clave:

• Beneficios para trabajadores CAS: incluyen gratificaciones completas (un sueldo íntegro en julio y diciembre) y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) equivalente al 100% del sueldo.
• Aumento de pensiones para docentes jubilados: eleva los ingresos de aproximadamente S/ 800 a cerca de S/ 3,500 mensuales.

Estas medidas, aunque buscan mejorar las condiciones económicas de miles de trabajadores del sector público, implican un incremento significativo del gasto estatal.

Julio Velarde: “No puede ser por populismo”

JulioVelarde cuestionó que estas decisiones no hayan sido evaluadas técnicamente y advirtió que podrían responder a criterios políticos más que económicos.

“Lo ideal sería que el Gobierno las observe. No puede ser una aprobación por temas populares”, sostuvo.

Además, señaló que el país estaría entrando en una etapa de mayor vulnerabilidad fiscal, lo que podría afectar la gestión del próximo gobierno.

Impacto económico preocupante

Según estimaciones, el impacto de estas medidas sería considerable:

• Más de S/ 2,000 millones por beneficios a trabajadores CAS
• Incremento sostenido del gasto en remuneraciones públicas, que podría alcanzar los S/ 93,500 millones en 2026

Velarde advirtió que el crecimiento del gasto corriente podría generar:

• Mayor déficit fiscal
• Menor inversión pública en infraestructura
• Riesgos para la estabilidad económica

Debate sobre meritocracia en el Estado

El titular del BCRP también enfatizó que el problema estructural del sector público no es solo salarial, sino la falta de un sistema meritocrático sólido.

En ese sentido, defendió la necesidad de fortalecer la Ley Servir, en lugar de eliminarla:

“No se trata de suprimir Servir, sino de mejorarla para lograr un servicio civil eficiente y meritocrático”.

Decisión final en manos del Ejecutivo

Ambas leyes aún deben ser evaluadas por el Poder Ejecutivo, que podrá:

• Promulgarlas
• Observarlas
• devolverlas al Congreso

En caso sean observadas, el Parlamento podría insistir en su aprobación, lo que abriría la posibilijdad de un eventual proceso ante el Tribunal Constitucional.

Un debate abierto entre justicia social y sostenibilidad

Mientras sectores laborales respaldan estas medidas como un avance en derechos y reconocimiento económico, especialistas advierten que podrían comprometer la estabilidad fiscal del país.

El debate queda abierto:

¿priorizar mejoras inmediatas en ingresos o garantizar sostenibilidad económica a largo plazo?